La migración en Centroamérica es un fenómeno complejo que involucra a millones de personas, generado una crisis humanitaria, en la que las mujeres y la niñez no acompañada están mas expuestos a riesgos significativos de abuso y explotación^[1].

Los derechos políticos y electorales en Ecuador están consagrados en la Constitución de 2008, que garantiza a los ciudadanos la participación en procesos electorales libres y justos, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de organizar y supervisar estos procesos, asegurando la transparencia y equidad en las elecciones (Asamblea Nacional, 2008, p. 62).

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha asumido un papel crucial en la integración de los derechos humanos y la acción climática.

Colombia es el principal receptor de población migrante venezolana en el mundo, con 2.808.9051^[1] personas que permanecen en su territorio. Además, el país se ha convertido en una ruta de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a la frontera con Panamá, registrando 302.203 personas en 2024.

En 2025 Chile revalidará la participación en los asuntos públicos, un derecho que consagran múltiples tratados y convenios internacionales. Este año habrá elecciones primarias (29/06), parlamentarias (16/11) y presidenciales (16/11 y 14/12 si nadie obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta). Precisamente, el INDH no está ajeno al ejercicio de este derecho.

La Comisión Canadiense de Derechos Humanos (CHRC, por sus siglas en inglés) sigue preocupada por el hecho de que, en todo Canadá y en el mundo, las personas son cada vez más vulnerables a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis climática. Para muchos jóvenes, el cambio climático es el tema que define su generación, y en Canadá, una gran mayoría de niños, niñas y jóvenes no solo están conscientes del problema, sino que también les preocupa profundamente.