En el 2019, nace la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica con el objetivo de formar profesionales que integren el enfoque de sostenibilidad y, a la vez, contribuir a reducir las brechas de acceso a la justicia ambiental[1]. Este doble objetivo responde al modelo de Clínicas Jurídicas Ambientales, a través del cual estudiantes universitarios, con la asesoría y acompañamiento de los docentes, identifican casos reales de interés público en materia ambiental y desarrollan estrategias legales de intervención en diálogo con los actores involucrados y/o comunidades afectadas[2].

En América, las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente enfrentan circunstancias sumamente difíciles. La violencia es una constante en sus vidas, ya que son blanco de amenazas, agresiones y, en casos extremos, asesinatos. Este escenario se agrava en zonas rurales, donde la ausencia de institucionalidad y la falta de acompañamiento del Estado aumentan su vulnerabilidad. A pesar de su incansable labor por proteger los derechos de las comunidades y el medio ambiente, muchas veces trabajan en solitario, sin el respaldo necesario para llevar adelante sus luchas.

El Defensor del Pueblo, entidad creada mediante la Ley número 19-01 del año 2001, que se encarga de garantizar los derechos en la República Dominicana, presentó a finales de 2023 el Primer Informe Nacional de Derechos Humanos, el cual arrojó que el derecho a la salud es el más vulnerado en el país.

En la misión de defensa y promoción de los derechos de las personas y la comunidad, con énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo de Perú ha venido realizando en atención al monitoreo de las personas defensoras de derechos humanos.