La degradación ambiental es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra época. La contaminación del agua, el deterioro del suelo, la deforestación y los efectos del cambio climático amenazan el ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más vulnerables. En este contexto, el derecho a un ambiente sano debe entenderse como una condición esencial para la vida digna y una responsabilidad compartida entre instituciones, ciudadanía y Estado.

Le Déplacement à l’Intérieur de leur Propre Pays (DIPP) provient de plusieurs évènements : les phénomènes naturels, les grands travaux de développement, des mesures arbitraires des autorités étatiques et la violence armée. Les trois (3) premières formes peuvent être organisées par des autorités locales et nationales. La quatrième forme découle toujours de conflits ou de banditisme armé dans les zones frontalières ou populeuses. Donc, la quatrième forme exprime une défaillance de contrôle sociale due à une désarticulation dans la politique de sécurité publique qui conduit directement à la violation systématique du droit à la sécurité.

En el marco de la protección del derecho humano a un ambiente sano, se han adoptado diversidad de declaraciones, convenciones, convenios y tratados internacionales generados por la preocupación mundial acerca de la necesidad que los Estados tomen medidas urgentes para la protección y conservación del medio ambiente.

La migración en Centroamérica es un fenómeno complejo que involucra a millones de personas, generado una crisis humanitaria, en la que las mujeres y la niñez no acompañada están mas expuestos a riesgos significativos de abuso y explotación^[1].

Los derechos políticos y electorales en Ecuador están consagrados en la Constitución de 2008, que garantiza a los ciudadanos la participación en procesos electorales libres y justos, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de organizar y supervisar estos procesos, asegurando la transparencia y equidad en las elecciones (Asamblea Nacional, 2008, p. 62).

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica ha asumido un papel crucial en la integración de los derechos humanos y la acción climática.