La trata y tráfico de personas es un delito y una de las más crueles formas de violencia y refleja de manera descarnada la decadencia civilizatoria de nuestro tiempo, vulnera derechos como la libertad, la dignidad y la integridad física, psicológica y mental, y afecta especialmente a nuestras niñas, niños y adolescentes y mujeres. 

La Defensoría del Pueblo participó, este lunes, en la sesión de los miembros del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de las Naciones Unidas, en la que solicitó la adopción de una serie de recomendaciones al Estado boliviano para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales descritas en dicha Convención.

La Defensoría del Pueblo destacó la promulgación del Decreto Supremo 4793 que reglamenta la Ley 450 de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad, lo cual permitirá el funcionamiento de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (DIGEPIO)  y  del Comité de Protección a Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.

Una investigación realizada por la Defensoría de Pueblo evidenció que el Sistema de la Educación boliviano excluye y segrega a las personas con discapacidad, pues, entre otras razones, admite la coexistencia de dos subsistemas, uno de educación regular y otro de educación alternativa y especial, éste último exclusivo para personas con discapacidad, lo que podría implicar que se legitime la segregación en contra de este grupo poblacional.