Conforme al mandato de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, señalado en la Constitución Política del Estado (CPE) 1, el presente informe ofrece una descripción de la situación de los derechos humanos en el país, durante la gestión 2024.
En el período de referencia se produjo una agudización de la crisis económica, debido a la escasez de combustibles, la falta de dólares, el tipo de cambio paralelo en alza, la elevada inflación (9,97% la más alta desde 20082 ) y el consecuente incremento de los costos de la canasta familiar. Por otra parte, se destaca la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, en marzo, y la presentación de sus resultados preliminares, en agosto, que revelaron un crecimiento moderado de la población de Bolivia (1,3% anual) que asciende a 11,312,620 habitantes, un aumento significativo en la urbanización y el envejecimiento de la población, y la reducción de las tasas de natalidad.
La gestión también se caracterizó por la elevada conflictividad socio política del país, la misma que alcanzó sus puntos más álgidos en dos ocasiones. El 26 de junio, cuando se registró un movimiento inusual de un grupo de las Fuerzas Armadas de Bolivia, liderados por el entonces comandante general del ejército, tomaron la Plaza Murillo e intentaron tumbar la puerta del Palacio de Gobierno con una tanqueta militar. Y durante los 24 días de bloqueos de carreteras, que transcurrieron -en el contexto de una profunda división al interior del partido de gobierno- entre los meses de octubre y noviembre, y dificultaron sustancialmente la circulación de personas, alimentos y otros suministros esenciales, entre el oriente y occidente del país.
Durante 2024, también se realizó la preselección de candidatos a altas autoridades judiciales y la elección de las mismas (el 15 de diciembre), en la que se eligieron sólo a 12 de las 19 autoridades previstas en la CPE, como consecuencia de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)3 , el mismo que declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el TCP en cinco de los nueve departamentos del país y para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en dos departamentos.
Finalmente, el informe también describe los avances y pendientes del Estado, respecto al ejercicio de derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país, en particular respecto a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, personas que viven con VIH, pueblos indígenas, y personas en situación de movilidad humana, así como, la situación del ejercicio de los derechos civiles y políticos, y los derechos económico sociales culturales y ambientales, en el país.
