Como Defensoría del Pueblo de Bolivia cumplimos 25 años como Institución Nacional de Derechos Humanos con un rango  constitucional, teniendo como guía el derecho internacional y los Principios de Paris. El 2022 cumplimos el primer año como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia (MNP-Bolivia) y estamos construyendo una nueva identidad, procurando lograr una simbiosis entre la naturaleza como INDH, principalmente reactiva ante la vulneración de derechos, y la naturaleza de un MNP que viene a fortalecer la acción preventiva ante la vulneración de derechos humanos.

Los Principios de París relativos al estatuto de las Instituciones Nacionales establecen una competencia general de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (en adelante INDH) relacionada con la promoción y protección de los derechos humanos, competencia que dada la compleja estructura social actual debe llevar a la acción de la INDH frente a las afectaciones a derechos humanos que se puedan ocasionar en el ejercicio de la actividad empresarial, esto teniendo en cuenta que el punto de partida es la existencia de una norma de conducta general que supone la responsabilidad de respetar los derechos humanos por todas las empresas.  

El rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en el escenario de la crisis migratoria que enfrentamos es preponderante, y necesaria para que los Estados tomen las medidas necesarias para evitar una migración riesgosa.

En este 75° aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la Defensoría del Pueblo de Panamá resaltamos la importancia de la protección a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y al equipo que labora en cada una de ellas, en virtud de las acciones de promoción, protección y defensa que ejercen en cumplimiento a los Principios de Paris.

Suena cada vez más fuerte el advenimiento de nuevas tecnologías que nos plantean desafíos no del todo conocidos. Se nos está solicitando a las INDH que tomemos parte en los procesos que llevan a su implementación dado que las mismas podrían afectar de uno u otro modo los derechos humanos. Sin dudas, debemos asumir esa responsabilidad.

El  término reparación dentro del ejercicio de una política de memoria, no debe limitarse como un término independiente y autónomo dentro de la “JUSTICIA TRANSICIONAL”, sino, muy por el contrario, la conceptualización del mismo debe ser abordado como un eje transversal que se circunscribe dentro de la búsqueda del derecho a la verdad, a la búsqueda de la justicia; y las garantías de no repetición.