La conmemoración de los 30 años de los Principios de París[1] y 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos evoca la importancia de continuar la lucha por los derechos y nos recuerda la vigencia de aquellos marcos normativos que, aún en nuevos escenarios, buscan la promoción y protección, así como la prevención de vulneraciones, rol esencial de las INDH.
Al aproximarnos a las celebraciones del 75 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 30 Años de la adopción de los Principios de París y la fundación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés), la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en su treinta aniversario, se suma a los esfuerzos articulados desde RINDHCA de promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones históricamente más vulnerabilizadas en nuestra región.
En la Defensoría del Pueblo de Colombia, en nuestros 30 años, a pesar de los desafíos que hemos tenido en nuestra labor como INDH, hemos cumplido firmemente con los Principios de París. Nuestra autonomía e independencia nos han permitido, además, cumplir con la misión de promoción, divulgación y protección de los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está por cumplir trece años desde que comenzó a funcionar en Chile. Es una organización todavía muy joven. A pesar de ello su labor se ha encontrado con una serie de desafíos que han puesto a prueba sus capacidades. En su aún corta vida ha actuado siguiendo fielmente los Principios de París.
On the occasion of the 30th anniversary of the Paris Principles and the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Canadian Human Rights Commission (CHRC) remains dedicated to upholding and strengthening the independence of National Human Rights Institutions (NHRIs).
Los Principios de París instituyen la garantía de independencia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH). En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado la reconoce y la refuerza en la medida en la que prevé que la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado (art. 218.III).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece la inviolabilidad de la dignidad de las personas. Así, ante toda vulneración de derechos que roce o afecte los estándares generalizados y vigentes que se derivan de la dignidad -para señalarlo apartándonos de doctrinas o ideologías que con sus certezas suelen confundir y hasta teñir elementales nociones sobre lo necesario, lo justo, lo bueno y hasta lo digno-, estaremos hablando de derechos humanos.
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