El jueves 31 de julio, en el Simposio Global sobre Justicia Climática y Poblaciones Impactadas —una iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Comisión Nacional de Población y Desarrollo (CNPD) y la Defensoría Pública de la Unión (DPU) de Brasil—, Pedro Callisaya Aro, Defensor del Pueblo de Bolivia y Secretario General de la RINDHCA, intervino en representación de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano. En su mensaje, subrayó la urgencia de fortalecer el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) frente a la crisis climática, destacando que no puede haber transición justa sin instituciones independientes que garanticen la protección de los derechos humanos.

Durante su intervención, Callisaya remarcó que la justicia climática no puede entenderse fuera del marco de los derechos humanos y denunció el impacto desproporcionado que el cambio climático tiene sobre poblaciones históricamente excluidas, como pueblos indígenas, comunidades campesinas, personas afrodescendientes y mujeres rurales. "No puede haber sostenibilidad si se sacrifican derechos humanos, ni transición justa si se profundizan las desigualdades", afirmó.

Subrayó también el papel esencial que cumplen las INDH en este contexto. “Nuestra labor no es técnica ni neutral: es profundamente política en el mejor sentido del término, porque busca garantizar la dignidad humana”, sostuvo. Destacó funciones como el monitoreo de impactos socioambientales, la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de personas defensoras del ambiente.

Callisaya alertó además sobre los intentos de debilitar a las Defensorías del Pueblo en varios países mediante recortes presupuestarios, interferencias políticas o campañas de desprestigio, lo que —advirtió— “no solo atenta contra nuestras instituciones, sino contra la posibilidad misma de una transición justa”.

En representación de la RINDHCA, compartió los avances de la red en materia de justicia climática, entre ellos:

• La creación en 2023 del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, que articula a INDH de 13 países.
• La realización del Seminario Internacional sobre Justicia Ambiental en Santa Cruz de la Sierra (abril 2024).
• La elaboración de herramientas como el Protocolo Regional para la Protección de Personas Defensoras, el Compendio de Buenas Prácticas, y la participación activa en el Plan de Acción Regional sobre personas defensoras ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú.

Finalmente, presentó una hoja de ruta con acciones prioritarias para las INDH en la región, que incluye desde la integración de evaluaciones de impacto en derechos humanos hasta la creación de mecanismos efectivos de reparación por daños ambientales.

Desde la RINDHCA reafirmamos nuestro compromiso con una transición ecológica justa, centrada en las personas y en los derechos. Seguiremos trabajando para que la sostenibilidad no sea una excusa para vulnerar derechos, y para que el cuidado del planeta esté indisolublemente ligado al cuidado de las comunidades.