La degradación ambiental es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra época. La contaminación del agua, el deterioro del suelo, la deforestación y los efectos del cambio climático amenazan el ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente de las comunidades más vulnerables. En este contexto, el derecho a un ambiente sano debe entenderse como una condición esencial para la vida digna y una responsabilidad compartida entre instituciones, ciudadanía y Estado.

Desde la Defensoría del Pueblo de Paraguay, hemos asumido con firmeza el compromiso de articular el enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental. Las afectaciones al ambiente son también afectaciones a la salud, al acceso al agua, a la vivienda adecuada, a la participación y a la justicia. En ese marco, nuestra labor incluye la canalización de denuncias, el acompañamiento de comunidades afectadas y la emisión de recomendaciones técnicas y jurídicas a instituciones nacionales y municipales, buscando siempre una respuesta articulada y efectiva.

Un caso paradigmático fue la intervención frente a la proliferación descontrolada de estaciones de expendio de combustible en zonas urbanas, que motivó una reacción interinstitucional y la suspensión temporal de nuevas habilitaciones, hasta tanto se aseguren condiciones adecuadas de monitoreo y control por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, hemos fortalecido alianzas estratégicas, promovido espacios de formación y sensibilización sobre el acceso al agua y la gestión sostenible de los recursos, y articulado acciones con diversos actores del Estado y la sociedad civil. En el ámbito regional, nuestra participación en los espacios de trabajo de la RINDHCA ha contribuido a visibilizar los desafíos comunes y a construir respuestas compartidas.

Creemos firmemente que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos deben desempeñar un papel activo en la defensa del ambiente. No como un actor accesorio, sino como garante de que el desarrollo se construya sobre bases de equidad, sostenibilidad y justicia intergeneracional.

Abg. Mag. Rafael Ávila Macke
Defensor del Pueblo de la República de Paraguay