Teniendo presente las variables diferenciadoras de edad, sexo, género, etnia, diversidad funcional e identidades y orientaciones sexuales en los diferentes territorios, de cara al proceso de envejecimiento demográfico que enfrenta Colombia, la Defensoría del Pueblo llama a las y los tomadores de decisiones de fondo, en calidad de funcionarios con mando territorial, a posicionar en sus agendas públicas y con carácter prioritario los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores.

La Defensoría del Pueblo saluda el interés del Congreso de la República por enfrentar el fenómeno de la inseguridad ciudadana, sin embargo, considera que es el propio Estado, a través de las autoridades que durante años no han tomado medidas concretas y claras para proteger y atender a la niñez y la adolescencia de nuestro país, el que ha generado que sean víctimas de la falta de un sistema efectivo de protección integral y que, en algunos casos, han terminado siendo victimarios, por la inducción a la criminalidad que generan los adultos. En este sentido, resulta de vital importancia que, desde el Poder Ejecutivo, se disponga de mayores presupuestos para acciones de prevención real que protejan a la niñez y adolescencia antes de que se les vulneren sus derechos.