La Defensoría del Pueblo, a través de un Pronunciamiento, recordó al Estado su responsabilidad de cumplir el ‘Acuerdo de Escazú’, en la transparencia y acceso a la información, en todas sus instancias dependientes, sobre todo en el cuidado de los derechos humanos en asuntos medio ambientales, materializando así la convivencia armónica y pacífica con la Madre Tierra.
En una audiencia pública impulsada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Defensor del Pueblo, Abg. Rafael Ávila, presentó un anteproyecto de ley destinado a transparentar y agilizar el proceso de Declaración de Objeción de Conciencia.
En el marco de su Conferencia Anual celebrada en mayo pasado, más de 80 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos adoptaron una Declaración Final sobre Empresas y Derechos Humanos: el papel y las experiencias de las INDH, comprometiéndose a redoblar sus esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos en relación con las actividades de las empresas, con especial atención a temas acuciantes como el cambio climático y las amenazas al espacio cívico online.
El término “trabajo Infantil” es definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como aquel que priva a niñas y niños de su niñez, potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Según estimaciones de la OIT, en 2020, aproximadamente 160 millones de niños entre 5 y 17 años de edad realizaron trabajo infantil en todo el mundo, de los cuales 79 millones están involucrados en trabajos peligrosos que pueden dañar su salud, seguridad o moral. En Latinoamérica y el Caribe, se estima que 8.2 millones de niños están en situación de trabajo infantil, representando un 6% de todos los niños de la región.
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