En promedio, Honduras registra la muerte violenta de una mujer cada día, cuyos crímenes se mantienen impunes, en más del 95% de los casos, por la indiferencia y tolerancia de las autoridades encargadas de la seguridad y de la investigación en el país.
La Defensoría del Pueblo lamenta las recientes declaraciones del actual ministro de Relaciones Exteriores en oposición al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), suscrito por el Estado peruano en septiembre de 2018, y pendiente de ratificación. Al respecto, precisa lo siguiente:
El informe se propuso establecer si la búsqueda de detenidos desaparecidos cuenta con recursos técnicos, materiales y económicos adecuados y suficientes, y si está orientada de la mejor manera para hallar los restos de las personas desaparecidas y determinar su paradero. La evaluación toma en cuenta los esfuerzos que realiza el Estado uruguayo para disponer de toda la información posible.
Una investigación realizada por la Defensoría de Pueblo evidenció que el Sistema de la Educación boliviano excluye y segrega a las personas con discapacidad, pues, entre otras razones, admite la coexistencia de dos subsistemas, uno de educación regular y otro de educación alternativa y especial, éste último exclusivo para personas con discapacidad, lo que podría implicar que se legitime la segregación en contra de este grupo poblacional.
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