Declaración 03/2020 sobre Noticias Falsas (fake news) en tiempos de COVID-19
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La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), organizaciones internacionales que en este momento reúnen a más de 100 oficinas, que representan casi el integro de las oficinas de Ombudsman de América e Iberoamérica, mediante la presente expresan su profunda preocupación por la proliferación de las llamadas noticias falsas o “fake news” en redes sociales y medios digitales e impresos, que tienen como objetivo principal la desestabilidad de la democracia y el Estado de Derecho.
Teniendo en cuenta que las “noticias falsas” tienen un 70% más probabilidades de ser replicadas muy rápidamente en redes sociales, se impone una reflexión sobre la estrategia para afrontarlas, por su impacto negativo.
Por ello reiteramos, que los Estados tienen la obligación positiva de fomentar un entorno propicio para la libertad de expresión, lo que incluye promover, proteger y apoyar la diversidad de los medios de comunicación;
Reconociendo el rol transformador de Internet y otras tecnologías digitales al facilitar que las personas puedan acceder a información e ideas y difundirlas, lo cual posibilita las respuestas a la desinformación y la propaganda, aunque, a la vez, facilita su circulación;
Constatamos que, en un contexto de emergencia como la pandemia de la COVID-19, hablamos de vidas e instinto de supervivencia del ser humano, y que, frente a ello, la política y los negocios no son prioridad.
Como países nos aquejan problemas comunes: Ausencia de información oficial, contradicciones en el manejo de las cifras y por ello, nuestra acción de defensa de derechos es clave.
Las Oficinas de Ombudsman de los diversos niveles de gobiernos (Nacional, Subnacional y local) aquí representadas, hacen un llamado a los Estados para:
I/ Los actores estatales no deben efectuar, avalar, fomentar ni difundir declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda).
II/ Los estados deben legislar con un enfoque de derecho internacional de los Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión en el espacio digital, con base en las observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en materia de Libertad de Expresión y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
III/ Los medios de comunicación deben contribuir de manera activa a través de una labor de reeducación de la sociedad ante los peligros de las noticias falsas, a fin de que ésta pueda identificar si las noticias tienen suficientes contrastes, si proceden de fuentes confiables, si no tratan de aportar un sensacionalismo falto de argumentos de peso.
III/ Todos los actores interesados —incluidos intermediarios, medios de comunicación, la sociedad civil y académicos— deberían recibir apoyo para formular iniciativas participativas y transparentes que favorezcan una mayor comprensión del impacto que tienen la desinformación y la propaganda en la democracia, la libertad de expresión, el periodismo y el espacio cívico, así como respuestas adecuadas a estos fenómenos.
IV/ Los gobiernos deben integrar como ejes fundamentales la comunicación estratégica y el manejo técnico de la pandemia para ser exitosos y salvar vidas.
V/ Es indispensable construir programas de comunicación estratégica, educomunicación y comunicación interna para hacer frente con garantías a la emergencia de la COVID-19.
Consideramos, en línea con las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en materia de Libertad de Expresión y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la desinformación constituye un problema global, agravado en la nueva era digital, pero que no debe menoscabar el respeto y protección de la libertad de expresión como derecho humano, especialmente en momentos de crisis y catástrofes.
Mayo de 2020