La Defensoría de los Habitantes insistió ante el Gobierno de la República la necesidad de que se ejecuten acciones concretas - por el respeto de los derechos de las personas indígenas en China Kichá, en Buenos Aires de Puntarenas-, ante nuevas amenazas de desalojo de tierras.
La situación generada por la COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la sociedad salvadoreña, no solo por los riesgos a la vida y la salud que evidentemente conllevan una emergencia sanitaria de carácter global, sino además por las diferentes afectaciones a otros derechos humanos derivadas de la respuesta estatal para atender y contener el virus.
Las acciones realizadas por el Órgano Ejecutivo en el contexto de los acontecimientos sucedidos el 9 de febrero de 2020, sin duda alguna pusieron de manifiesto una forma de ejercicio del poder público que debe ser rechazada y reprochada con contundencia.
Que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
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