El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, participó en el XX Congreso Panameño de Derecho Procesal, donde explicó cómo la Defensoría del Pueblo contribuye a la protección de los derechos humanos en Panamá. Durante su intervención, recalcó que el derecho procesal no solo trata de normas judiciales, sino que también debe asegurar que se respeten y protejan los derechos humanos.

En su presentación titulada “Procedimientos administrativos para la protección de los derechos humanos en Panamá”, Leblanc González destacó que, aunque la Defensoría no tiene funciones judiciales, sus resoluciones e informes deben ser tomados en cuenta por jueces y autoridades como herramientas útiles para interpretar los derechos, según estándares internacionales. Estas decisiones, conocidas como soft law, aportan una guía para avanzar en la defensa de los derechos humanos.

El Defensor también explicó que una de las tareas clave de la institución es atender quejas, hacer seguimientos y emitir recomendaciones a las entidades del Estado. Subrayó que las autoridades tienen la obligación de aplicar las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que deben interpretar las leyes nacionales de forma que sean compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Otro punto importante fue la manera en que se valoran las pruebas en casos de violaciones a los derechos humanos. Leblanc González indicó que, en estos casos, el Estado tiene la mayor responsabilidad de demostrar lo ocurrido, especialmente cuando las víctimas tienen dificultades para acceder a pruebas. No se exige una certeza absoluta como en el derecho penal, sino una evaluación basada en evidencias razonables, el contexto y la conducta del Estado.

La intervención del Defensor se dio durante la inauguración del Congreso, que se realiza hasta el 1 de agosto y reúne a expertos nacionales e internacionales. El evento fue inaugurado por la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, e incluyó una conferencia magistral del jurista colombiano Enrique Gil Botero sobre el acceso a la justicia para personas vulnerables.