La Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) y la Institución de Derechos Humanos de Guatemala enviaron un firme posicionamiento al Grupo de Trabajo Intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de redactar la Convención Universal jurídicamente vinculante sobre los Derechos de las Personas Mayores.
En la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; la RINDHCA en voz de la Procuraduría de Derechos de Guatemala (PDH), participó en la Segunda Sesión del Grupo de trabajo intergubernamental abierto para la elaboración de un Instrumento jurídicamente vinculante sobre la promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores.
En dicho espacio el Procurador de Derechos Humanos, Sr. José Alejandro Córdova y la Sra. Teresa Magnolia Maldonado Defensora de personas adultas mayores de la PDH, se unieron a la legitima exigencia de prohibir el edadismo y garantizar la autonomía de las personas mayores en la nueva Convención Universal
La RINDHCA y la Institución de Derechos Humanos de Guatemala instaron al Grupo de trabajo intergubernamental a consolidar garantías jurídicamente vinculantes para la vejez.
Además, demandaron erradicar el abandono y regular los centros de cuidado bajo el modelo de Atención Centrada en la Persona.
Ambas entidades expresaron su reconocimiento a la presidencia del grupo por los avances en la construcción del instrumento internacional, al tiempo que hicieron un llamado urgente para integrar tres ejes prioritarios e irrenunciables en el texto final normativo:
- Prohibición categórica del edadismo: Solicitaron proscribir explícitamente la discriminación por edad, señalándola como la barrera estructural que fomenta estereotipos paternalistas e infantilizantes, condiciona el acceso a servicios básicos y degrada a la población adulta mayor.
- Cuidados vinculados a la autonomía personal: Exigieron que la regulación y fiscalización estatal de residencias y centros de día se base en el modelo de Atención Centrada en la Persona. Esto debe garantizar el respeto a la privacidad y capacidad jurídica, el consentimiento libre e informado, y la prohibición absoluta de contenciones físicas o químicas y del aislamiento no voluntario.
- Erradicación del abandono: Denunciaron la normalización del abandono familiar, institucional e infraestructural, subrayando que no se trata de un “costo inevitable del envejecimiento” ni de un asunto privado, sino de una forma grave de maltrato. Urgieron a los Estados a asumir obligaciones concretas para prevenir, sancionar y reparar estas situaciones mediante redes comunitarias y sistemas de protección social.
“Proteger a la vejez no es una acción asistencial, es un deber de justicia y de derechos humanos”, enfatizaron las instituciones en su pronunciamiento, poniendo a disposición su experiencia técnica sobre la realidad de la región para nutrir el borrador final.
Las organizaciones concluyeron solicitando que las garantías propuestas se plasmen con total claridad y fuerza legal obligatoria para los Estados firmantes.
