América Latina y el Caribe (ALC) combina un enorme potencial productivo con brechas estructurales que influyen directamente en la agenda de empresas y derechos humanos. La región enfrenta un “nudo” de desigualdad, informalidad laboral, conflictividad en el territorio y transición energética, que exige pasar del discurso a la gestión preventiva de impactos y a la reparación de violaciones a derechos humanos en desarrollo de actividad empresarial. A continuación, se abordan algunas de las prioridades y desafíos que se han identificado por diferentes expertos en la materia:
1) Abordar los problemas de desigualdad e inclusión es prioritario. La concentración del ingreso en la región sigue siendo alta: la CEPAL advirtió que el 10% más rico capta 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre alcanza 1,7% (CEPAL, 2025). En este contexto, la inversión y la actividad empresarial pueden dinamizar empleo y servicios, pero también profundizar brechas si no incorporan salvaguardas laborales, antidiscriminatorias y de acceso equitativo a oportunidades.
2) La informalidad y la falta de control en las cadenas de suministro es aún un riesgo silencioso. La informalidad es uno de los desafíos más persistentes en la región. Un informe de la OCDE estima que, en 27 países de ALC, 55% del empleo es informal (OCDE, 2025). Para las empresas, esto se traduce en riesgos de trabajo precario, subcontratación opaca y débil protección social en proveedores. De manera simple: si una compañía no entiende “cómo se hace el trabajo” en su cadena, difícilmente puede prevenir abusos y violaciones a derechos humanos.
3) El costo humano de los conflictos por la lucha del territorio el ambiente y la protección de personas defensoras continúan siendo un desafío constante. ALC concentra gran parte de la violencia contra personas defensoras de la tierra y el ambiente. Global Witness reportó que el 82% de los asesinatos documentados en 2024 ocurrieron en la región (Global Witness, 2025). En paralelo, el Acuerdo de Escazú (en vigor desde el 22 de abril de 2021) refuerza derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental, claves para reducir conflictos y mejorar gobernanza de proyectos (CEPAL, 2021).
Finalmente, los Principios Rectores de la ONU marcan el estándar: Estados deben proteger, empresas deben respetar mediante debida diligencia, y debe existir reparación cuando hay daños (ACNUDH, 2011). En la práctica, esto significa evaluar riesgos antes de invertir, dialogar con comunidades de forma significativa, prevenir represalias y habilitar mecanismos de queja confiables. En ALC, el desarrollo de actividad empresarial ya no depende solo de costos y eficiencia; depende de la capacidad de las empresas para gestionar impactos reales y potenciales sobre personas y territorios, con datos, transparencia y rendición de cuentas. Acciones que permitan demostrar en la practica el respeto de los derechos humanos.
Elaborado por: Diana Paola Pardo Delgado – Funcionaria de la Delegada para los DESC de la Defensoría del Pueblo de Colombia
Referencias
ACNUDH. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (OHCHR)
CEPAL. (2021, 22 abril). El Acuerdo de Escazú entra en vigor en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL)
CEPAL. (2025, 26 noviembre). La concentración del ingreso sigue siendo extrema en América Latina…. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL)
Global Witness. (2025, 17 septiembre). At least 146 land and environmental defenders killed or disappeared globally in 2024. (Global Witness)
OCDE. (2025). Ampliar la protección social y combatir la informalidad en América Latina. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (oecd.org)
Diana Paola Pardo Delgado,
Defensoría del Pueblo de Colombia
