El martes 25 de agosto se desarrolló la séptima sesión del Diplomado sobre Derechos Políticos en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciativa impulsada por el Centro de Formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y dirigida a integrantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que conforman la RINDHCA.
El diplomado cuenta con más de 300 integrantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), con una activa participación a lo largo de sus sesiones, y busca fortalecer sus capacidades para analizar y aplicar los estándares desarrollados por la Corte IDH en materia de derechos políticos, así como comprender su estrecha relación con otros derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La séptima sesión estuvo a cargo de Juana María Ibáñez Rivas, abogada peruana, presidenta del Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, profesora del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultora del Centro de Formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es doctora en Derecho Internacional por la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne y anteriormente se desempeñó como abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sesión abordó el tema “Derechos políticos y principio de igualdad y no discriminación: protección de minorías y de personas y grupos en situación de vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte IDH”, conforme al programa académico del diplomado.
Durante la jornada se examinó el contenido y alcance del principio de igualdad y no discriminación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir de los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana. Se destacó que este principio comprende tanto la prohibición de diferencias de trato arbitrarias como la obligación de los Estados de adoptar medidas orientadas a generar condiciones de igualdad real para personas y grupos históricamente excluidos o expuestos a mayores riesgos de discriminación.
La sesión profundizó, además, en conceptos desarrollados por la jurisprudencia interamericana como la discriminación indirecta, la discriminación estructural o histórica y el enfoque interseccional, que permite analizar la confluencia de diferentes factores de vulnerabilidad o fuentes de discriminación. También se revisaron los estándares aplicables frente a diferencias de trato basadas en categorías especialmente protegidas, incluyendo la exigencia de una argumentación reforzada, la aplicación de un juicio estricto de proporcionalidad y, en determinados supuestos, la inversión de la carga de la prueba.
Un eje central de la exposición fue la aplicación de estos estándares al ejercicio de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la Convención Americana, que comprende el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas y acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas. Estos derechos poseen, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, una dimensión tanto individual como colectiva.
Asimismo, se analizó específicamente la protección de las minorías políticas como elemento esencial de una sociedad democrática. A partir de la jurisprudencia de la Corte IDH, se destacó que la democracia no se agota en la decisión de las mayorías expresada en las urnas, sino que requiere el respeto de las minorías, la institucionalización del ejercicio del poder político y la existencia de límites jurídicos a su ejercicio. En ese sentido, las reglas de acceso al poder no pueden ser modificadas sin límites por quienes circunstancialmente lo ejercen, especialmente cuando esos cambios pueden beneficiar a quienes se encuentran en el poder y perjudicar a las minorías políticas.
La sesión subrayó también que los sistemas democráticos deben garantizar que las minorías puedan plantear ideas y proyectos alternativos y contar con oportunidades efectivas de participación y de acceso a cargos de elección popular. Desde esta perspectiva, la igualdad y la no discriminación constituyen condiciones indispensables para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y contribuir a una democracia plural e inclusiva.
El Diplomado se desarrolla de manera virtual y sincrónica a lo largo de diez sesiones, combinando exposiciones conceptuales, análisis de jurisprudencia relevante de la Corte IDH y espacios de intercambio y reflexión entre sus participantes.
La próxima sesión tendrá lugar el martes 1 de septiembre y estará dedicada a los derechos políticos y la protección de personas defensoras de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte IDH.
