El 2026 es un año significativo para las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes en las Américas y el mundo. Se cumplen veinticinco años de la Conferencia de Durban —la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia—, el momento en que la comunidad internacional reconoció formalmente que el racismo no es un problema de actitudes individuales, sino una estructura que se reproduce en las instituciones, en las leyes y en las políticas públicas. Dicho reconocimiento fue importante, pero es claro que existen múltiples retos para garantizar la dignidad humana y el ejercicio de derechos de las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes.
La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, INDH coordinadora del Grupo de Trabajo sobre población Afrodescendiente de la RINDHCA, cree que sí es posible avanzar en la erradicación del racismo estructural y las barreras que limitan el pleno goce de los derechos humanos de esta población, pero que hacerlo exige voluntad política y acciones concretas; ese avance no puede esperar.
Un ejemplo de ello es la discusión en el seno de las Naciones Unidas del proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Afrodescendientes, a cargo del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban (conocido por sus siglas en inglés como IGWG); que durante su 25.ª sesión alcanzó avances que costaron años de negociación: la discusión y aprobación del preámbulo de la Declaración y buena parte de su articulado.
Por eso, el pasado 27 de febrero, dirigimos una nota al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Volker Türk, y al Embajador James Waweru, Presidente del IGWG; a los efectos de respaldar la solicitud de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra de adelantar la próxima sesión (de octubre) del IGWG, para que se convoque una sesión anticipada de ese grupo de trabajo, para profundizar esas negociaciones y allanar el camino hacia la aprobación definitiva del instrumento en diciembre de 2026.
Lo anterior, no se trata de un gesto diplomático de rutina, sino un respaldo sin reservas a esta iniciativa, ya que aprobar la Declaración en el marco de la conmemoración de los veinticinco años de Durban no sería un acto meramente simbólico, sino una señal de que los compromisos que los Estados asumen ante el mundo tienen un correlato real, que los procesos de negociación llegan a puerto y que las personas, comunidades y pueblos afrodescendientes tienen razones concretas para confiar en los mecanismos internacionales de derechos humanos.
El Segundo Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes, que abarca de 2025 a 2034, bajo el lema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”, demanda mayores esfuerzos que los realizados previamente, para que los instrumentos normativos adquieran plena eficacia en la vida de las personas, para que los Estados los promuevan vigorozamente y para que las instituciones nacionales de derechos humanos cuenten con los recursos y la autoridad para exigir su cumplimiento.
De ahí la importancia que en este año 2026 se impulse una Declaración que constituya una herramienta de trabajo real.
Los Principios de París, como se sabe, habilitan el vínculo entre lo internacional y lo local, de manera que se pueda avanzar en todos los niveles decisorios y de impacto en la vida de las personas. La Defensoría de los Habitantes de la República ha entendido la necesidad de reforzar esos vínculos y ha hecho esfuerzos importantes para fortalecer la presencia regional y subregional de la institución.
Hoy hacemos un llamado a los Estados, a los organismos internacionales, a la sociedad civil y a los medios de comunicación para acompañar estos esfuerzos. La igualdad y justicia racial avanza cuando hay instituciones dispuestas a sostenerla con persistencia, y cuando la ciudadanía entiende que lo que se decide en los foros internacionales tiene consecuencias directas en las condiciones de vida de las personas.
La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica reafirma su compromiso con estas luchas, levantando la voz por la atención de deudas históricas que no admiten más postergaciones.
Por: Angie Cruickshank,
Defensora de los Habitantes de Costa Rica
