El 23 de septiembre de 2026, se llevó un webinar titulado Estrategias de cabildeo de experiencias de otros países para la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, dirigido a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) que conforman el grupo de trabajo sobre vejez y envejecimiento de la RINDHCA.
Dicho webinar, contó con la experta participación como ponente del Dr. Rodrigo Jímenez, quien es un destacado jurista, especialista en derechos humanos, perspectiva de género y poblaciones en situación de riesgo social. Cuenta con una amplia trayectoria académica, destacándose su Licenciatura de Derecho en la Universidad de Costa Rica, Especialidad en Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica y maestría en administración de negocios en la Nacional University de San Diego California. Es catedrático en diversas universidades de nuestra región y consultor ante diversas organizaciones internacionales para instancias internacionales tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante su exposición, el Dr. Jiménez nos recordó que, la Convención Interamericana de sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante del mundo y, está enfocado en garantizar, promover y proteger los derechos de las personas de 60 años o más. Asimismo, mencionó que al ratificar el tratado los Estados asumen que éste adquiere un carácter supralegal o constitucional; lo cual implica que el Estado cede parte de su soberanía jurídica ante organismos internacionales de supervisión.
Además, se recordó los antecedentes de la Convención y el valor que representó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana sobre derechos Humanos (1969) y el Protocolo de San Salvador (1988), en el ámbito regional y, en cuanto al sistema universal, Los Principios de Naciones unidas en favor de las Personas Mayores (1991), entre muchos otros.
Se destacó la ruta de implementación de la Convención, es decir, el proceso de negociación, redacción, adopción, firma, ratificación, deposito, entrada en vigor, incorporación al ordenamiento legal nacional, la armonización, control de convencionalidad, y, sobre todo, el rol que juegan este proceso las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
En este tenor, las INDH, pueden tener un papel destacado, sobre todo, en aquellos Estados, donde aún no se firma o ratifica esta convención, pues pueden incidir para incluir en la agenda pública la protección de los derechos de las personas, mayores, promover el contenido de la convención, como parte de sus actividades de promoción y educación de los derechos humanos, además de incentivar la participación ciudadana en este tema.
Para ello, las INDH pueden fortalecer la transparencia en general del proceso de negociación del tratado, acercar a los gobiernos las voces de las personas mayores, para ser consideras en la toma de decisiones, proponer mecanismos de participación ciudadana y posicionar temas relevantes a considerar durante el proceso de firma y ratificación entre otros.
Al mismo tiempo, las INDH deben contribuir al empoderamiento de las personas mayores, a fin de lograr sociedades más respetuosas de la integridad de este grupo etario y evitar cualquier tipo de exclusión, segregación o discriminadas por cuestión de edad.
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cuentan con mandatos amplios para proteger los derechos de las personas mayores. Esto se debe a que sus marcos legales de creación les otorgan la facultad de defender los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de edad, prestando especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.
En este webinar, participaron las INDH de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
La RINDHCA reitera su compromiso de continuar generando iniciativas que permitan a las INDH de las Américas elevar sus capacidades técnicas, a fin de cumplir con sus mandatos de promoción y protección de los derechos humanos, conforme a lo que establecen los Principios de París (ONU,1993).
