El 15 de abril de 2026, la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA) celebró la reunión del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, en la que se aprobó el plan de trabajo, las prioridades estratégicas y la hoja de ruta que orientará sus acciones durante el presente año.
La reunión permitió avanzar en la consolidación de una agenda regional orientada a fortalecer el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) como actores clave en la defensa del derecho a un ambiente sano, así como en la promoción de una transición justa frente a la crisis climática y ambiental.
El Grupo de Trabajo está conformado por INDH de América del Norte, Centroamérica, la región andina y el Cono Sur, incluyendo a México; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá; Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; así como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta composición refleja una amplia representación regional y un enfoque articulado para abordar los desafíos comunes en materia ambiental.
En esta ocasión, se contó con la participación de la Red Iberoamericana de Universidades, con la cual se prevé desarrollar un trabajo conjunto orientado a fortalecer las capacidades de las INDH en la promoción y protección de los derechos humanos vinculados al medio ambiente.
Durante la sesión, se acordó una hoja de ruta estructurada en torno a cinco prioridades estratégicas. En primer lugar, se promoverá la integración del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas ambientales, incluyendo la identificación de preocupaciones prioritarias en la región y la generación de insumos técnicos para la incidencia, en línea con estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú.
En segundo lugar, se priorizó el fortalecimiento de capacidades de las INDH en materia de justicia ambiental, acceso a la información y participación ciudadana, a través de espacios técnicos regionales y el desarrollo de herramientas prácticas. Asimismo, se impulsará la generación de conocimiento aplicado, incluyendo la elaboración de una guía práctica sobre justicia climática y la sistematización de experiencias relevantes en la región.
La hoja de ruta también contempla el fortalecimiento de la incidencia y articulación regional, mediante la participación en espacios clave y la organización de iniciativas como un taller regional sobre pueblos indígenas y justicia ambiental. En este marco, se destacó la importancia de promover una participación activa y articulada de las INDH en la COP4 del Acuerdo de Escazú, como un espacio estratégico para posicionar el enfoque de derechos humanos en la agenda ambiental regional.
Finalmente, se promoverá la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de las INDH, a través del desarrollo de metodologías de monitoreo ambiental participativo y el acompañamiento directo a instituciones interesadas.
El plan aprobado establece un calendario de trabajo que contempla, en el segundo trimestre, la puesta en marcha de las acciones prioritarias y la generación de insumos iniciales; en el tercer trimestre, la producción de herramientas y el fortalecimiento técnico; y, en el cuarto trimestre, la asistencia técnica, la incidencia regional y la evaluación de los avances alcanzados.
El Grupo de Trabajo reafirmó su compromiso con una implementación orientada a resultados, basada en evidencia y con capacidad de incidencia regional, contribuyendo así al fortalecimiento del rol de las INDH en la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática y Ambiental.
