Acuerdo Global Sobre los Derechos Humanos

Es compromiso del Gobierno "respaldar y fortalecer al Procurador de los Derechos Humanos"; sin embargo, el Presidente de la República y el partido oficial y sus aliados en el Congreso de la República han promovido una serie de acciones en menoscabo de "las condiciones técnicas y materiales con que pueda contar el Procurador de los Derechos Humanos para cumplir con sus tareas de investigación, vigilancia y seguimiento de la plena vigencia de los derechos humanos".

Ejemplos de esas acciones deliberadas son los reiterados intentos de destituirlo -por motivos espurios-, socavar sus funciones en la supervisión del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y escamotear y reducir el presupuesto a la Institución.

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Referido a aspectos torales de la vida de los pueblos indígenas (como el acceso a la tierra y a la justicia, así como el reconocimiento del derecho indígena y la consulta previa e informada) a fin de ir superando su exclusión y la negación de sus derechos, incluyendo el de su desarrollo con identidad.

Este es el Acuerdo sustantivo de menor cumplimiento, y durante el último año ha sufrido graves retrocesos. Se agudizó la falta de acceso a la tierra y el irrespeto de los territorios indígenas. Se ha desmantelado la institucionalidad responsable del tratamiento pacífico y la resolución de la conflictividad agraria. Se han estimulado discursos de odio contra las autoridades ancestrales y se ha incrementado la criminalización, hostigamiento y violaciones del derecho a la vida de los defensores indígenas comunitarios. La atención particular a los derechos de las mujeres indígenas, sigue postergada. La condición pobreza y pobreza extrema de los pueblos indígenas es ahora mayor que cuando se firmó la Paz.

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

Contiene una serie de compromisos para consolidar una paz duradera y un proceso de desarrollo sostenible, entre otros: propiciar una mayor participación social en todos los niveles de decisión; aumentar el gasto público; fomentar una estructura agraria eficiente y equitativa; modernizar la administración pública y lograr un aumento sostenido de los ingresos tributarios.

Al contrario, el Gobierno ha cerrado todos los espacios de participación y consulta social, a la vez que se atenta de manera sistemática contra la libre expresión del pensamiento y la libertad de prensa. El gasto público está atrofiado por la opacidad, la ineficiencia y la corrupción sin precedentes, lo cual ha sido más evidente durante la pandemia del Covid-19 y tras las tormentas Eta e Iota. En términos reales y por habitante, los ingresos tributarios han disminuido en relación a 1996, en cambio ha aumentado el endeudamiento oneroso. Los problemas que afligen a la población -como la desnutrición crónica, la salud, la educación y el medio ambiente- están lejos de ser prioridad de gasto e inversión. El aparato estatal acusa una debilidad riesgosa, mientras que las normas y procesos que garanticen contrataciones transparentes y un servicio público profesional, siguen siendo eludidas.

En resumen, el abandono de la ruta trazada por los Acuerdos de Paz ha tenido como consecuencia el deterioro profundo de las condiciones materiales de la población, aumentando las brechas de desigualdad social, pobreza y exclusión por razones étnicas y de género, a la vez que se refuerzan los factores de expulsión migratoria irregular. De forma paralela, se registra un retroceso peligroso en el respeto del derecho a la vida, la justicia y las libertades civiles y políticas, incluyendo la libertad de prensa.

Recomienda:

A los tres poderes del Estado, así como a las instituciones de contrapeso en la República democrática,

● Recuperar la agenda sustantiva de la Paz y honrar los compromisos estratégicos del Estado.