La Defensoría de los Habitantes considera que las reformas emitidas al Reglamento de Personas Refugiadas, por medio del Decreto N° 43810-MGP, podrían lesionar los derechos fundamentales de personas solicitantes de refugio y refugiadas.
Defensoría de los HabitantesLa Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor que forma parte del Poder Legislativo. El fin de esta institución es el de velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos. Nuestra misión, es proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. Nuestra visión, ser una institución dinámica y fortalecida; accesible y regionalizada, con legitimidad e incidencia en todo el país; eficiente en la utilización de las herramientas del ordenamiento jurídico; innovadora de sus estrategias de intervención para que sean acordes a la realidad nacional; contribuyendo así al mejoramiento de la gestión del sector público y a la calidad de vida de las habitantes y los habitantes. |
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La Defensoría de los Habitantes considera que las reformas emitidas al Reglamento de Personas Refugiadas, por medio del Decreto N° 43810-MGP, podrían lesionar los derechos fundamentales de personas solicitantes de refugio y refugiadas.
El más reciente Informe Anual de Labores 2022-2023 de la Defensoría de los Habitantes revela que se atendieron más de 3 mil solicitudes de intervención de personas adultas mayores en el año 2022; en su mayoría, por situaciones relacionadas con los derechos a la salud y la protección social.
La Asamblea Legislativa instauró el 31 de marzo una Comisión Especial de Investigación en contra de la Defensora de los Habitantes para analizar el mérito de una denuncia que pide la cesación en su cargo.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, criticó al sector tecnológico del Gobierno por su lentitud en resolver y atender, en tiempos de Pandemia, los problemas de conectividad que afectan el desarrollo del país y las oportunidades de trabajo y educación de la gente; en especial, por no haber contrarrestado la odiosa diferenciación social que se acrecienta y se ha agravado por medio del distanciamiento entre personas y regiones del país provocado por la creciente brecha digital; ensañándose ésta con los sectores más pobres y vulnerables agravando las condiciones de fragilidad de miles de personas.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó a la Sala Constitucional convocar a una audiencia de emergencia al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde; al Ministro de Salud, Daniel Salas Peraza y al Presidente de la CCSS, Román Macaya Hayes; a efectos de que las máximas autoridades hacendarias y de salud señalen las vías de solución con que el Gobierno de la República atenderá el agravamiento en las filas de espera que sufren los pacientes para ser tratados en los servicios médicos de la CCSS.
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